La empresaria madrileña Pilar Otero Sánchez, cabecilla junto a José Manuel Ramírez Marco de la presunta estafa del unete -una moneda virtual que recaudó 228 millones de euros en 78 países- ha manejado grandes sumas de dinero desde finales de 2016, cuando el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional le concedió la libertad provisional. Su tren de vida choca con la caótica situación de los 50.000 inversores que confiaron en su divisa digital. La mayoría de ellos, todavía no ha recuperado los fondos.
Otero, que está siendo investigada por codirigir un supuesto sistema piramidal, adquirió el pasado 19 de enero el complejo turístico Las mayoralas en Periana (Málaga). Se trata de un recinto de dos hectáreas de terreno, que incluye 14 villas con sus respectivas piscinas privadas, garajes y un restaurante de 270 metros en el corazón de la comarca de Axarquía.
La cofundadora del unete se comprometió a pagar por esta propiedad 1,4 millones de euros, según la escritura de compraventa registrada en una notaría de Torre del Mar (Málaga) a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Otero utilizó para hacerse con el bien la mercantil Ideainmoturis Sociedad Limitada, una firma sin empleados constituida en Torre del Mar el pasado 17 de junio que tiene como objeto social la explotación de restaurantes y cafeterías.
El complejo turístico Las mayoralas tenía en 2016 una plantilla de cinco empleados y registraba unas ventas de 351.592 euros, según las últimas cuentas declaradas al registro mercantil de la sociedad que explota el recinto, Promociones Periana 2000 SL.
Otero ha declinado atender a este periódico. Un trabajador de Las mayoralas ha confirmado a EL PAÍS que la cofundadora del unete es la “nueva dueña” de este complejo situado junto al Parque Natural de las Sierras de Tejada.
El desembolso millonario en esta propiedad de Málaga se suma a los más de 600.000 euros que Otero y su pareja, el cofundador del unete, José Manuel Ramírez Marco, abonaron como honorarios a un conocido penalista sevillano en 2016.
La titular del Juzgado Central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, investiga desde 2015 los movimientos de esta red que, a fuerza de exhibir labia en presentaciones multitudinarias, se ganó la confianza de ahorradores internacionales anónimos.
Las pesquisas judiciales, que mantienen a una veintena de personas investigadas, se dirigen a recuperar los fondos ocultos por la trama en paraísos fiscales. El grupo blanqueó su botín a través de una telaraña societaria con cuentas bancarias en Malta, Eslovenia, Letonia y San Vicente y las Granadinas. Hasta este paraíso fiscal al norte de Venezuela, los inversores enviaban su dinero para su posterior conversión en unetes, una divisa que acabó transformándose en un esquema Ponzi, como el desarrollado hasta 2008 en Wall Street por el financiero Bernard Madoff.
El dinero del unete viajó también a golpe de clic hasta Liechtenstein, donde una cuenta en el Valartis Bank acumuló 9,2 millones de la trama, según los investigadores